Tomado de Cuba Por Siempre
Uno de cada cinco niños y una de cada tres niñas sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años en los Estados Unidos
Por: Dr.Salvador Capote
Atrae la atención de millones de personas en el mundo la profunda crisis global d
el sistema de justicia norteamericano.
Parte fundamental de esta crisis es la criminalización de los
adolescentes, la aberración jurídica de juzgarlos con frecuencia como
adultos, el cambio de los antiguos métodos de rehabilitación por otros
nuevos –absurdos y crueles- de castigo, y el confinamiento en
centros de detención de menores, crecientemente en manos privadas, verdaderas escuelas del crimen, en condiciones de hacinamiento y abuso continuado.
A comienzos de la década de 1980, los
medios ultraconservadores generaron el mito del “superpredator”
(superdepredador), utilizado para amedrentar a la población y abrir de
este modo el camino a una nueva filosofía
de la justicia juvenil.
Hasta esa fecha, los menores eran considerados la parte más vulnerable
de la sociedad, víctimas con frecuencia de la inestabilidad familiar
que, en caso de presentar problemas graves de conducta, podían ser
reeducados en centros especiales de rehabilitación, pero el supuesto
peligro de pandillas de menores asesinos asolando las calles de todas
las ciudades de Estados Unidos fue sobredimensionado a increíbles
niveles de irracionalidad.
La propaganda hizo creer que hasta los niños de las escuelas primarias estaban fuera de control.
Todo ello para crear una histeria colectiva que permitiese abandonar la
filosofía de la rehabilitación y allanar el camino hacia la filosofía
del castigo. Esta filosofía y la presión de los cabilderos conquistaron
muchos adeptos entre los congresistas y se aprobaron leyes en casi todos
los estados que facilitaron juzgar a los menores como adultos, crearon
nuevas figuras delictivas y pusieron en práctica procedimientos y
castigos más severos mientras se intentaba suavizar la barbarie mediante
toda una serie de términos eufemísticos. Por ejemplo, cuando un
acusado es hallado culpable se le llama, si es adulto, “convict”
(convicto), si es menor “adjudicated” (sin equivalente en español), pero
es exactamente lo mismo.
Estas leyes crearon toda una nueva clase
de menores criminales para los cuales no había capacidades en los
centros de detención existentes y fue necesario crearlos con urgencia.
Al calor de esta nueva situación surgió la privatización del sistema
penitenciario, negocio multibillonario que comenzó, precisamente,
lucrando con el encarcelamiento de menores y también de inmigrantes
indocumentados y se extendió en corto tiempo por todo el país y para
todas las categorías de presos.
Los pronósticos de oleadas de crímenes,
por supuesto, no se produjeron, pero el fantasma del joven criminal
sirvió para justificar las redadas en los ghettos negros e hispanos y
para que la industria del castigo se asentase sólidamente en el país.
El slogan –para consumo interno- de esta industria era: “if we build it, they will come”
(si las construímos [las cárceles] ellos [los jóvenes] las llenarán).
Actualmente, alrededor de 100,000 menores están encerrados en centros de
detención de diverso tipo, un tercio de ellos en instalaciones
privadas, y más de 400,000 son arrestados cada año en su inmensa mayoría
por contravenciones no violentas.
Los pocos programas de prevención que
sobrevivieron desaparecen ahora golpeados por los masivos cortes
presupuestarios (1). Las principales corporaciones con intereses en el
sector juvenil son “Correctional Corporation of America” (CCA), “Youth
Services International” (YSI), “Children’s Comprehensive Services”,
“Cornell”, “Res-Care”, “Ramsey Youth Services” y “Wackenhut”. Sin
embargo, para cambiar de imagen y diluir responsabilidades, debido a
repetidos escándalos por ineficiencias y maltratos, estas corporaciones
realizan cada cierto tiempo las metamorfosis correspondientes: “Children
Comprehensive Services” se llama ahora “Ameris”, “Premier” es el nuevo
nombre de “Ramsey Youth Services”, y Wackenhut” es ahora “GEO Group”.
Las acciones de YSI fueron compradas por
“Correctional Services” cuando en Louisiana y Florida cancelaron
múltiples contratos a la primera a causa de graves irregularidades en su
desempeño. Estados Unidos se convirtió rápidamente en el líder mundial
de la represión contra niños y adolescentes y, en lo que es más
vergonzoso aún, en líder mundial de la aplicación de la pena de muerte a
menores.
A mediados de 2003 había 78 reos
en los corredores de la muerte por delitos cometidos cuando eran niños,
pero, además, hay que ser cautos con las estadísticas de Estados Unidos
porque el horror se diluye cuando se toman los cincuenta estados de la
nación en su conjunto. Es en los estados del Sur donde la vieja
meretriz del sistema se presenta desnuda y el colorete no logra
disimular las verrugas. Por ejemplo, de estos 78 niños condenados a la
silla eléctrica o a la inyección letal, 28 (el 36 %) correspondían a un
solo estado, Texas.
Aunque la corrupción, la ineptitud y el
abuso de menores es un fenómeno generalizado que no excluye a los
centros de detención estatales, tomaremos tres ejemplos bien
documentados que en modo alguno son excepcionales. Tallulah, uno de los
centros correccionales de Louisiana, fue inaugurado en 1994 y era
propiedad de un grupo de políticos de la esfera íntima del gobernador
Edwin Edwards, sentenciado en 2001 a diez años en una prisión federal
por delitos mafiosos (“racketeering”). Edwards ya había sido acusado en
1985 por el mismo delito pero los cargos fueron retirados. No obstante,
logró que lo eligieran gobernador en 1991.
En realidad, el pueblo de
Louisiana no tuvo donde escoger, pues el adversario de Edwards era David
Duke, un miembro notorio del Ku Klux Klan (2). La pandilla de
políticos propietarios, con el nombre de “Trans-American Development
Association” (TADA), construyó la instalación carcelaria de 700 camas a
un costo de $122.5 millones con el respaldo financiero del estado. Hacia
1998, la corrupción y la violencia extrema de Tallulah llamó la
atención de organizaciones de derechos humanos como “Human Rights Watch”
y del Departamento de Justicia federal.
Los niños en Tallulah permanecían en
confinamiento solitario durante extensos periodos de tiempo y eran
golpeados y abusados; los guardias, para entretenerse, incitaban a los
menores a luchar unos contra otros (“Human Rights Watch” llamó a
Tallulah “escuela de gladiadores”) y no les suministraban adecuadamente
alimentos, ropas, zapatos y mantas.
El presupuesto de Tallulah no contemplaba
partidas para el tratamiento psicológico de los niños ni para la mínima
recreación que exigen las leyes federales. Pero lo que determinó
seguramente el cierre de Tallulah fue la conmoción que se produjo cuando
los niños, en su desesperación, aprovecharon la visita del senador
Pavel Wellstone, de Minnesota, y escaparon todos al techo del edificio
para gritar desde allí sus acusaciones contra la dirección y los
guardias del centro. Sin embargo, en este caso como en incontables
otros, ninguno de los responsables de las infamias cometidas tuvo que
pagar por ello.
Los dueños de Tallulah negociaron la
fusión con la firma privada FBA LLC que se hizo cargo de la instalación y
la convirtió en un centro de desintoxicación de adultos adictos a las
drogas. Para añadir insulto a la injuria, FBA comenzó a recibir pagos
por $3.4 millones al año por los bonos de construcción respaldados y
asegurados por el estado, truco magistral del gobernador Edwards. TADA,
fusionada con FBA continuará recibiendo anualmente sumas millonarias
hasta el año 2020 (3).
La filosofía del castigo y su principal
engendro, las cárceles privadas, ocultan el hecho de que todos los
adolescentes condenados, prácticamente sin excepción, fueron primero
víctimas antes de ser victimarios. Datos de la organización
Lauren’s Kid revelan que actualmente en Estados Unidos se estima en
alrededor de 39 millones el número de personas que han sufrido abusos
sexuales en la infancia.
Uno de cada cinco niños y una de cada tres niñas sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años.
Y los datos se refieren a uno solo de los aspectos del abuso contra
menores. La ultraderecha identifica la rehabilitación con el
“liberalismo”. Reeducar a los niños presos, sostiene, obliga a realizar
gastos enormes y, en consecuencia, a elevar los impuestos.
Los programas recreacionales, que
incluyen la práctica de deportes, se contemplan simplemente como un
ofrecimiento de vacaciones a los “niños malos” a costa del contribuyente
(4). Los mismos problemas de Tallulah fueron identificados en Jena,
otro centro de detención privado de menores, manejado por la
organización Wackenhut (GEO), en Louisiana. Muy poco tiempo después de
su inauguración, los jóvenes reclusos, hambrientos y desesperados, se
amotinaron y fueron reprimidos utilizando ilegalmente gases
lacrimógenos. Se descubrió luego que la administración de Jena, para
aumentar sus ganancias, había minimizado las raciones de alimentos, así
como de otros insumos.
Se sustanciaron además numerosos casos de
maltratos, uso frecuente de epítetos racistas y excesos en la
utilización de celdas de aislamiento. También aquí estuvo involucrado el
gobernador Edwards. Se comprobó que en 1996 había recibido un millón de
dólares como soborno del alcalde de Houston, Fred Hofheinz, quien
obtuvo el contrato para construir Jena. Cuando se produjo la
crisis,Wackenhut trató de apropiarse del negocio pero fracasó y la
instalación actualmente permanece vacía. Ninguno de los niños abusados
ha recibido compensación alguna.
Ningún guardián ni funcionario ha sido
procesado. Hofheinz pagó una ridícula multa de $5,000 y recibió un año
de probatoria. No fue a la cárcel. En todo caso, Edwards y Hofheing
fueron procesados como estafadores, no por su responsabilidad en los
abusos criminales contra los menores. El tercer ejemplo lo tomaré de la
Florida donde existen alrededor de 200 entidades privadas para el
encierro de menores.
Una buena parte está constituída por los
“boot camps” o “shock incarceration units”, llamados así porque son
campamentos con régimen de tipo militar, de intenso ejercicio físico y
rígidas y crueles medidas reglamentarias. La idea que subyace en la
creación de estos campos es la creencia errónea en las bondades de un
“shock” de férrea disciplina. Los “boot camps”, al igual que otros
experimentos de mentes calenturientas, han resultado un fracaso.
Lo peor es que de las ruinas del sistema de justicia juvenil emergen métodos aún más alucinantes, como el de “three strikes and you’re out”,
muy usado en California, que consiste en la imposición de largas
condenas al menor que comete un tercer delito, aunque los tres sean de
menor cuantía. Todo parece indicar que los peores “boot camps” de la
Florida están administrados por “Premier Behavioral Solutions” (PBS,
antes Ramsay Youth Services).
No quiero cansar al lector con letanías
de los horrores cometidos en el “Institute for Girls” de West Palm
Beach, que salieron a la luz en el año 2003, o en “Okaloosa Youth
Academy” o en “Southern Glades Youth Camp” en Florida City, en el mismo
año, pues la perversidad se repite de manera parecida en los diversos
centros.
Creo, además, que sería una redundancia
señalar que los abusos e ilegalidades de todo tipo cometidos por
propietarios, dirigentes, guardias o empleados de PBS no tuvieron
consecuencias legales. El principal promotor de las privatizaciones en
la Florida fue, sin duda, el ex-gobernador Jeb Bush, émulo de su hermano
George, Cuando este último era gobernador de Texas se convirtió en el
hombre que más sentencias de muerte (¡152!) ha firmado en toda la
historia de Estados Unidos, y años más tarde conquistaría otro título
infamante: sería el primer presidente en autorizar, de manera explícita,
la tortura como método de interrogatorio de prisioneros. Con Jeb Bush
se produce una simbiosis entre el poder político del estado y el poder
económico de las corporaciones.
PBS y su predecesora, Ramsay Youth,
consolidaron su posición dominante en el negocio de encarcelar y
castigar menores con el apoyo del gobernador y congresistas republicanos
del sur de la Florida y, a cambio, contribuyeron sustancialmente al
financiamiento del Partido Republicano del estado y de las campañas
electorales de los congresistas de este partido (5).
El juez de tribunales de menores Frank A.
Orlando comentó que sin estas contribuciones PBS no hubiera conseguido
que le confiaran las vidas de tantos niños (6). La privatización es
incompatible con la rehabilitación de los menores. Se trata de
niños traumatizados, muchos de ellos con discapacidades físicas y
mentales y con desventajas económicas y culturales. Su atención
requiere personal bien entrenado y competente, y programas de
educación, salud y reinserción en la sociedad que exigen abundantes
recursos.
Si la finalidad fuese la rehabilitación,
no hay nada más ajeno a este objetivo que el manejo de los centros por
empresas cuya finalidad es el lucro. El más reciente escándalo en estos
centros comenzó a fines de mayo en la Florida y ha continuado en
desarrollo durante el mes de junio, revelando lo extenso y profundo de
la corrupción, tanto en los centros que administra el estado como en los
que están a cargo de corporaciones privadas.
Las instalaciones juveniles, sin los
recursos ni el personal necesarios, no son otra cosa que almacenes de
niños y adolescentes donde las drogas psicotrópicas, en particular las
antipsicóticas del grupo llamado “artillería pesada” de la psiquiatría
(Seroquel, Abilify, Risperdal, etc.) se utilizan cotidianamente como
esposas y grilletes químicos para mantener bajo control a los menores.
El método ilegal, inmoral y criminal de
sedación con potentes drogas es, por supuesto, el más directo, rápido y,
sobre todo, el más barato, de terapia juvenil, sin tener que
preocuparse por diagnosticar los problemas (7). Por nuevas revelaciones
del Palm Beach Post se ha conocido de una fuerte correlación entre pagos
y regalos de las compañías fabricantes de las drogas a por lo menos un
tercio de los médicos que trabajan para el Departamento de Justicia
Juvenil, por una parte, y las cantidades de drogas administradas a los
menores, por la otra; y el olor de la olla podrida no sólo se siente ya
en la Florida sino también en otros estados.
Un capítulo que es de esperar se haya
cerrado para siempre es el de las ejecuciones de menores. En marzo de
2005, en decisión muy cerrada de 5 a 4, en el caso “Roper v. Simmons”,
la Corte Suprema de Justicia abolió la pena de muerte por delitos
cometidos antes de cumplir la edad de 18 años. Sin embargo, es una
vergüenza que Estados Unidos haya tomado esta decisión muchos años
después que sus aliados europeos y que prácticamente todo el resto del
mundo.
Entre 1990 y enero de 2000, Estados Unidos ejecutó más menores (once) que el resto de los países tomados en conjunto (nueve).
Las cinco ejecuciones de menores que tuvieron lugar en el mundo entre
1997 y 2000 tuvieron lugar, todas, en Estados Unidos. Este país ha
tenido más menores en los corredores de la muerte que ningún otro país
(8). La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño (Art. 37a) establece que “Ni la pena capital ni la prisión de por
vida pueden ser impuestas por delitos cometidos por menores de 18 años”.
Estados Unidos es el único país que no ratificó esta convención. De
igual modo, fue muy tardía la decisión de la Corte Suprema de Justicia
(“Atkins v. Virginia, 2002) de prohibir las ejecuciones de personas con
muy bajo cociente de inteligencia. Entre 1984 y 2002 fueron ejecutados
en Estados Unidos 44 retrasados mentales.
Durante más de veinte años, Ronald Reagan
y sus colaboradores, en particular el fiscal general Edwin Meese,
apoyaron abiertamente la pena de muerte y fueron responsables en gran
parte de que el partido republicano adoptara esta política y que la
opinión pública la favoreciera. Meese defendía el supuesto derecho a
ejecutar a un niño de 14 años (9).
Las leyes que autorizaban la ejecución de
menores entraban en contradicción con otras leyes destinadas a
protegerlos, creando situaciones de dualidad legal irónicamente crueles.
Algunos estados permitían la ejecución de niños de 15 años pero, al
mismo tiempo, prohibían que niños de esta edad presenciasen ejecuciones.
También existían crueles desigualdades entre los estados; por ejemplo,
si un niño de 14 años cometía un crimen en Idaho podía ser ejecutado,
pero no si vivía en el vecino estado de Oregón donde el mínimo era 18
años. Una caricatura terrible de Sargent (10) muestra una cámara de ejecuciones en Texas. Un letrero reza “Corredor de la muerte”.
El local está ocupado por artefactos para
administrar la inyección letal a los reos y dos camillas, una grande
para ejecutar adultos y otra, mitad del tamaño, para ejecutar menores.
En esta última se ve una pequeña almohada y, sobre ella, un detalle
estremecedor: un osito de peluche que nos mira con ojos asombrados. La
discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte ha sido
patentemente clara. De 455 convictos (de todas las edades) ejecutados
por el delito de violación, 405 eran negros.
La abrumadora mayoría de las ejecuciones
tuvieron lugar en el Sur (11). También eran negros el 69 % de los
menores ejecutados (12). A estas cifras habría que añadir las que
corresponden a hispanos y a otras minorías. La pobreza en Estados Unidos
es también otro factor importante de desigualdad ante la ley.
El niño de familia rica se presentará
ante el juez del tribunal juvenil acompañado de sus padres, del mejor
abogado de la ciudad, del maestro de la escuela privada donde estudia,
del pastor de la iglesia a que pertenece y de un consejero comunitario;
presentará, además, un documento de alguna respetada institución de
psicología o psiquiatría infantil, que certifica que el niño se
encuentra recibiendo de buen grado un tratamiento exitoso, amén de otros
trucos para influir sobre las decisiones del tribunal. El niño de
familia pobre –casi siempre negro o hispano-, tal vez ni siquiera tenga
familia y lo presentarán ante el juez solo, desvalido y asustado.
El Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández
Nordelo estuvo de visita este domingo en Santa Clara acompañado de su
esposa Adriana Pérez y la bella Gema, hija de ambos. Gerardo dejó su
obra en el espacio que tenía reservado en el Mural por la Paz en la
capital villaclareña, y compartió con el colectivo del semanario
humorístico Melaíto. También departió con el pueblo santaclareño que
acudió a saludarlo.
Muy emotivo resultó el Pleno ordinario del Comité Provincial
del Partido celebrado este domingo en Santa Clara, al recibir al Héroe
de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, quien estuvo
acompañado por su esposa Adriana Pérez y la pequeña Gema.
El influyente diario estadounidense pidió a las autoridades
de su país cambiar la ley y políticas selectivas que promueven la
migración ilegal de cubanos.
El Congreso de Estados Unidos debe derogar la Ley de Ajuste Cubano,
creada en 1966 para admitir a cubanos en un intento de socavar la
Revolución, señala hoy el diario The New York Times.
Cuando
toda Cuba y las personas de bien del mundo celebramos este 17 de
diciembre el primer aniversario del regreso de Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero, el pueblo villaclareño se suma al júbilo
por la conmemoración de una de las páginas más gloriosas de nuestra
historia reciente: el recibimiento a los Cinco Héroes en nuestra Patria.
El
taller de trabajo comunitario potenció esta vez la relevancia de la
práctica pedagógica en el incremento d ela participación social de los
niños, adolescentes y jóvenes. (Foto: Manuel de Feria García)
Incrementar
la participación ciudadana para elevar las satisfacciones espirituales
de las villaclareñas y los villaclareños, fue el objetivo principal del
VII Taller de Trabajo Comunitario Integrado y Valores, que sesionó en
la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular, con el objetivo de
valorar la marcha de estas iniciativas en el año que concluye.
El
miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado,
Salvador Valdés Mesa, constató la marcha en la ejecución de las
inversiones en el Proyecto integral experimental de desarrollo
agropecuario del Valle del Yabú, que busca la recuperación gradual de una empresa diseñada para cubrir las demandas alimentarias de la ciudad de Santa Clara.
Este
lunes se celebra el Día del Trabajador de la Cultura, momento de
reflexión y festividad de los afiliados al Sindicato de este variopinto
sector en el que además de los escritores y artistas se encuentran los
colegas que se desempeñan en la radio, la televisión y la prensa
escrita; así como el resto de los que actúan de una forma u otra en
apoyo de las tareas de todos estos.
A
solo unas semanas para acabar el 2015 Santa Clara estrena su tercera
Zona Wi-FI, esta vez en las áreas del estadio Augusto César Sandino,
todavía en fase de pruebas aunque ya accesible a los usuarios que
quieran hacer uso de ella.
La
presentación de la primera versión de una multimedia que muestra la
visita virtual al Complejo Escultórico Ernesto Guevara, figura entre las
acciones que se realizan este mes, por el aniversario 27 de la
apertura de ese centro.
Un
panel sobre los derechos humanos en Cuba y en otras partes del mundo
tendrá lugar en Villa Clara este jueves, 10 de diciembre, a las dos de
la tarde, en la Sala Martin Luther King de la Biblioteca Martí, dio a
conocer Iris Menéndez, delegada del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos en nuestro territorio.
El
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, es fecha de
especial connotación para los cubanos, que cada año la celebran con
múltiples actividades culturales, deportivas, que la convierten en una
verdadera fiesta de pueblo, especialmente de los más jóvenes.